Empecemos por recordar que hacia mediados de la década
anterior, los grupos delictivos de México sufrieron una recomposición en la que
el cartel de Sinaloa (encabezado
entonces por Ismael “El
Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Juan José “El Azul” Esparragoza, resultaron fortalecidos (beneficiados dicen otros)
tras acciones encaminadas a la desarticulación de grupos (células) de los
carteles del Golfo, del Milenio, de La Familia y de los Beltrán Leyva, estos últimos
incursionaron (hacia 2004) en la zona de La Montaña en Guerrero (la parte más
indómita de la mixteca ahí donde el estado de Guerrero hace colindancia con
Puebla y Oaxaca.
Ahí en esa zona de La Montaña, se ubican municipios con los
niveles más altos de marginación como: Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatónoc y Xalpatláhuac;
una de las regiones con los más altos índices de analfabetismo del país; una de
las zonas con mayores rezagos en infraestructura (impraestructure dijo el señor
Peña Nieto en aquellos entonces) y
una de las regiones del país en la que había surgido desde mediados de los 90
la figura de Policía Comunitaria.
Es casualmente hacia mediados de esa década cuando los
grupos del crimen organizado se posesionan de esas zonas del país y el
surgimiento de las Policías Comunitarias; consecuencia o resultado; contubernio
o connivencia; causa y efecto; como quiera verse, un fenómeno trajo el otro.
Ahí en esa zona también se encuentra Olinalá; la Policía
Comunitaria de Olinalá surge en 1996 como respuesta a “la multiplicación de asaltos,
robos, secuestros, violaciones sexuales, abigeato y actividades vinculadas al
narcotráfico en la Región Costa-Montaña de Guerrero” y en 2006 Gelasio Barrera, era comandante
regional de esa fuerza civil organizada, reconocida y financiada por la
autoridad estatal desde y a través de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) pero fue hasta abril
de 2011 que el sistema de justicia y la Ley estatal 701, que hubo
reconocimiento pleno a esa organización comunitaria.
Entonces Nestora
Salgado, que había salido de su comunidad hacia finales de la década de los
80 del siglo pasado, hacia Estados Unidos, en donde se casó y tuvo una familia;
tras su regreso a México sufrió un accidente en Oaxaca y fue pensionada por el
gobierno estadounidense pues era ciudadana norteamericana.
Después de ello, decidió establecerse en su pueblo natal y organizó
a la comunidad para reclamar sus derechos, el 27 de octubre de 2012 Olinalá se
levantó contra el gobierno estatal, solicitando servicios básicos e los carecía
no sólo la cabecera municipal sino muchas comunidades y mayores niveles de
seguridad.
El gobierno local, en el más puro estilo de apropiación de
los movimientos locales, propusieron a los “inconformes” la creación
del cuerpo civil local que con recursos estatales, con el apoyo de Ángel Aguirre Rivero (entonces
gobernador) que de manera velada por medio de Luisa Ayala Mondragón, exregidora de Olinalá y “muy
amiga” de Sofío Ramírez
Hernández, senador de la república, financiaron a “la Comandanta” o “la Texana”
como se le conoce localmente a Nestora.
El “gobierno” esperaba obtener
información de los grupos criminales que operaban en la zona y con ella poder
extorsionarlos, sin embargo, Nestora
Salgado optó por organizar grupos de “informadores” y aprovechar esa
información para gestionar un verdadero movimiento de defensa popular local,
afectando por un lado los intereses de los grupos criminales y por otro el de
los cacique locales como José y Noé Abarca (este último regidor de
Olinalá entonces) y de Juan Rendón
Mancilla, el movimiento trascendió a los municipios cercanos de Huamuxtitlán,
Xochihuehuetlán y Cualac; generando preocupación y la creación de un Consejo de
Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro (apoyado por los grupos “institucionales”
locales y también por alguna parte de la estructura gubernamental del estado) y
presidido precisamente por Juan Rendón
Mancilla.
El caso que nos ocupa, inició el 9 de junio de 2013 cuando Maritza Meza y Susana Baltazar, se acercaron a Nestora para denunciar la desaparición de sus hijas (Yesenia Castillo Meza y Betzabé Rubí Baltazar Sosa) unos días
después, la policía comunitaria de Huamuxtitlán, detuvo a seis jóvenes, entre
los que se encontraban las “desaparecidas” y fueron puestos a
disposición de la Comandancia de la Policía Comunitaria de Olinalá.
En el procedimiento de esos cuerpos comunitarios se detuvo a
los seis y se les fincaron cargos a todos; desde el mero consumo de drogas
hasta el de intento de homicidio que se le fincó a Pedro Gil Apreza Salmerón, pues en la detención sacó un arma de
fuego y amagó a las fuerzas comunitarias; y el de tráfico de personas Ramiro Santiago Martínez (que entonces
contaba con 24 años de edad y había sido el responsable de “convencer”
a las dos jóvenes de salirse de su casa, en un franco intento por prostituirlas),
además entre los “encontrados” estaban Dulce
Rubí Burgos Pérez y Sofía Navarrete Baltazar.
Las acusaciones se sostuvieron, pero el señor Víctor Apreza Salgado (que había sido
Presidente municipal de Olinalá durante 2002-05) tío del acusado de trata de
personas “gestionó” ante as familias de los detenidos por Nestora Salgado el acusarla de
secuestro por la retención de los jóvenes antes de la puesta a disposición ante
la autoridad ministerial local.
La “denuncia” fue interpuesta en
Chilpancingo a finales del mes de julio y en un verdadero caso de “eficiencia”
del los sistemas de administración y procuración de justicia en menos de un
mes, el 22 de agosto de 2013 elementos del Ejército, la Marina y policías
estatales, realizaron la detención e inmediato traslado de la mujer a Nayarit.
Desde marzo de 2014 José Luis Arroyo Alcántara magistrado
del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, desechó la acusación
de secuestro y delincuencia organizada; bajo elm argumento de que Nestora Salgado había actuado conforme
a las facultades que le confería su cargo como Comandante de la Policía
Comunitaria de Olinalá.
Es más fue más allá al señalar que “había quedado atrapada, entre dos
sistemas de justicia, el constitucional y el de usos y costumbres”
El 17 de enero otro magistrado ordenó “su inmediata liberación”
al encontrase NO culpable, pero la PGR se inconformó y buscó una nueva orden de
aprehensión bajo el cargo de delincuencia organizada, que fue negada tanto por el
Juzgado Octavo de Distrito de Guerrero y luego el Segundo Tribunal Unitario de
Acapulco.
Hoy Nestora sigue
en un Centro de Readaptación Social de Alta Seguridad, tras más de 20 días de
huelga de hambre, una ciudadana norteamericana con una salud muy deteriorada y
sin cargo alguno.
Pero más allá de ello, de las fobias y filias, una mujer
acusada (sin prueba) de un delito mayor por su activismo a favor de una
comunidad sometida por el crimen organizado e institucional desde siempre.
En esas comunidades, no sólo hay rezago educativo y social; ahí no sóo hace falta abasto; ahí un grupito de caciques y criminales deciden por todos; ahí además la justicia se amolda a las necesidades y tiempos de ellos.
SALUD
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