Muy obsequiosamente desde el mismo viernes 6 de febrero, en
que se dio a conocer el “hallazgo” de 60 cadáveres en las
instalaciones de un crematorio abandonado, la autoridad ministerial del estado
de Guerrero salió a señalar “no encontramos evidencia de crimen organizado
en el hecho” sin mayor averiguación aseguraron “es más bien un tipo de fraude o
de incumplimiento del servicio” y por su puesto los muy antentos (así) “periodistas”
empezando por el “distinguidísimo” y muy abyecto Joaquín López, difundió como un hecho esa conclusión.
Así, sumisas y muy serviciales “autoridad” y “comunicadores”
dan carpetazo al asunto, sin siquiera molestarse en veriguar (así), sin
molestarse en conocer si los cuerpos “encontrados” fueron de “clientes”
de la funeraria, sin saber si los deudos recibieron cenizas humanas o no; sin
establecer qué tipo de “responsabilidad” hay en la autoridad normativa local
respecto de la cremación; sin haber entrevistado al dueño, a los responsables o
a empleado alguno del crematorio.
Sólo como hipótesis de trabajo para esa dócil y mansa
autoridad ministerial local la posibilidad de que el crimen organizado dejase
ahí cadáveres para desaparecerlos, que los dueños de crematorio los cremaran y
entregaran a los deudos, es decir un intercambio de cadáveres, un proceso de
limpieza, pero que importa, ya hay conclusiones y “no intervino el crimen
organizado”
Hace unos días se hace pública a través de un micrositio en
internet del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por
sus inglés, como parte de una gran investigación periodística, la información
de que algunas áreas del HSBC, habrían ayudado a “clientes distinguidos” a
trasladar recursos a cuentas de una división del mismo banco en Ginebra.
La investigación concluye que gran parte de esos recursos “NO
FUERON REPORTADOS A LA AUTORIDAD FISCAL LOCAL”, pero además señala que
una “parte
de los mismos son producto de actividades ilegales y pueden ser parte del
lavado de recursos del crimen organizado regional”, en la lista se sabe
hay unos mil mexicanos y se “filtraron” los nombres de Carlos Hank Rhon, dueño del Grupo
Financiero Interacciones e hijo del político priista Carlos Hank González y Jaime
Camil Garza, “empresario” relacionado con casos de corrupción en la
refinería de Cadereyta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013; también se
mencionan nombres como Luis
Téllez Kuenzler; Guillermo
Prieto Treviño; Alfredo Elías Ayub;
Eugenio Ebrard y Moisés Elmann Arazi.
Sin embargo ya nuestros muy dócil y “disciplinada” autoridad
hacendaria ya salió a señalar “las personas de esa lista no necesariamente
son evasores”, según Óscar Molina,
jefe de la división de grandes contribuyentes de SAT “es más puede ser que lo estén
declarando, que estén pagando impuesto sobre la renta’’ ya pues el
abyecto funcionario público y una parte del séquito informativo de las cadenas
radiodifusoras y televisivas, aseguran que no hay delito que perseguir.
Quizá habría que revisar que la institución bancaria en su
actuar configura alguna conducta ilícita, si los recursos de esas personas,
depositados en Ginebra corresponden a sus ingresos y si sobre esos ingresos
realizaron la declaración hacendaria correspondiente.
Así, nuestra “autoridad”, lejos de asumir una
posición objetiva o de indagación, antes que nada, se encarga de lavar la cara
de los posibles delincuentes comunes y de cuello blanco, hace la labor de “esclarecimiento”
sin necesidad de investigar.
Por cierto, el implícito reconocimiento por parte de la PGR
de la carencia de protocolos para recolección, protección, resguardo y análisis
de la evidencia en un caso tan importante como Ayotzinapa, sólo es muestra de
la incapacidad de esa autoridad para hacer SU trabajo.
SALUD
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