Estado militarizado = Estado fallido

Hace unos años, leía un dossier de un consultor para América latina de la ONU, en el que se hacía la advertencia de que México, al militarizar sus fuerzas de seguridad pública, debía evitar un doble peligro, por una parte, la violación de derechos humanos (creo que el texto al que hago referencia estaba enfocado a graves violaciones de derechos humanos de parte de la milicia y también creo que era de finales de los 90) y por otra la sublevación de parte de los militares ante la eventualidad de ser rebasados por las circunstancias.

Tras leer y ver lo que está aconteciendo en parte del territorio michoacano, no puedo más que pensar en que cuando menos ese pedazo de México (aunque también otros) ya es un estado militarizado, de hecho la ONU define al estado militarizado como aquel “en el que las fuerzas militares dominan y nombran mandos de seguridad” y cuando menos hace 15 años en que eso pasa en casi todo el territorio nacional.

Recordando que debajo de la asfixiante realidad de un estado militarizado, se percibe siempre señales de una sociedad diferente que lucha por nacer, que lucha por lograr estándares de desarrollo y que lucha por liberarse del yugo; por lo tanto, una sociedad que puede enfrentarse a la situación militar que le domina.

La sociedad mexicana, parece haberse resignado a la presencia cada vez más asfixiante de militares en sus calles, incluso a la aceptación de un “estado militarizado” a cambio de sentirse más segura, sin embargo, la condición básica no ha sido cumplida, hoy la sociedad mexicana no se siente más segura que en 2008 o que en 2005, es más no se siente más segura que en 1995 o en 1984.

Hay regiones enteras de nuestro país en donde la violencia criminal desafía, incluso directamente, a las autoridades ejecutivas o judiciales, sin que incluso la presencia militar, encuentre medios adecuados para imponer la ley y el orden en protección de la población.

Decenas de miles de muertes, miles de secuestros, cientos de miles de extorciones, miles de desaparecidos anualmente; muestran la incapacidad de la autoridad toda por contener la criminalidad y reflejan en la población desanimo e incluso malestar contra los encargados de lograr esa tranquilidad.

Ya hay además innumerables experiencias de estructuras sociales encargadas de la seguridad de amplios territorios y ni que decir del explosivo crecimiento de cuerpos de seguridad privada que protegen intereses privados de quienes pueden pagarla.  SALUD

Así, por una parte la milicia está a disgusto con la “encomienda” que le han impuesto y algunos sectores de ella ha manifestado esa situación de manera clara y por otro, capas de la población (organizada o no) están a disgusto con la incapacidad de las fuerzas armadas para contener la delincuencia.  SALUD

En el diagnóstico general de la situación que vive México, se destaca la incapacidad de las estructuras de inteligencia para ir al fondo del problema, pues se descabezan cárteles pero no se debilitan las estructuras, especialmente no se atacan los centros neurálgicos de operación como son sus finanzas o su fuerza de fuego.

Esas estructuras criminales con otro capo al frente siguen operando y generalmente lo hacen con mayor violencia (para tratar de marcar un nuevo liderazgo y para deshacerse de los elementos internos que no consideran leales o de los enemigos (aunque sean mucho menos peligrosos que ellos)

Las escaladas de violencia tras la desaparición de un capo son “oportunidades” para los que han esperado pacientemente ocuparse de la actividad.

Loas fuerzas armadas nacionales, sin entrenamiento especializado en materia de seguridad pública, pueden custodiar, realizar acciones de “inteligencia”, detener, poner a disposición de autoridad competente a los criminales, sin embargo, al contrario de las fuerzas de seguridad pública civil no están facultados para dar seguimiento al caso.

La criminalidad ha coptado tanto a autoridades ministeriales como a autoridades judiciales y basa su capacidad de operación en la “deficiencias” con que se presentan sus consignaciones o en su capacidad de “convencimiento” de los jueces con cohecho o con violencia.

Estamos viviendo un Estado militarizado y paramilitarizado, hay pugnas por los territorios que resultan claves para el crimen, lo que está ocurriendo es que la población civil se está viendo cada vez más afectada y se siente cada vez más indefensa ante la inseguridad y más proclive a enfrentarse a sus atacantes o a quienes considera responsables de ese estado de cosas.

El primer riesgo, proviene de que la autoridad militar se canse de presentar a los detenidos y decida hacer justicia con sus propias armas y el segundo de que las organizaciones o la sociedad en su conjunto se canse de esperar justicia y se enfrente al “aparente” incapacidad de sus fuerzas de seguridad y se enfrente a ellas.

Un estado fallido se mide en función de:

• Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
• Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.
• Incapacidad para suministrar servicios básicos.
• Incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

Parece que ya hay amplias muestras de todo ello (incluso del último)

SALUD